La Asociación Canaria de
Entidades de Caza (ACEC) solicita más agentes al Cabildo Insular de
La Palma. Tras el estudio de la documentación relativa al asunto,
cree que la corporación insular no tiene escusa para cubrir las
vacantes que ya solicitó la asociación de cazadores de ámbito
regional.
De
un total de 19 plazas de agente de la autoridad, 10 están cubiertas
y 9 vacantes. De las últimas, 4 se hallan dentro de la oferta
pública desde el 2007 aunque no se han convocado. En contraposición,
el cabildo externalizó el servicio de vigilancia en materia
cinegética a través de un convenio de colaboración por 70.300 €,
más vehículos y material, con la Federación Deportiva de Caza
Insular.
Las
Corporaciones Locales, para el cumplimiento de sus fines en materia
de caza, necesitan el empleo de unos medios materiales y
otros "medios
personales",
integrado por un conjunto de personas físicas a las que corresponden
las funciones propias en la materia de los distintos órganos de la
Administración Local. Cuando dichas funciones consistan, como es el
caso, en el ejercicio de policía cinegética, las mismas se
encuentran legalmente reservadas a personal funcionario especializado
en la materia, conforme a lo dispuesto en Constitución y en la Ley
7/2007, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público. De la misma forma, la Ley 7/1998, de Caza de Canarias
encomiendan a los funcionarios del Cuerpo de Agentes de Medio
Ambiente de los Cabildos Insulares, “la
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Caza y
el Reglamento de Caza y demás normativa relacionada con la actividad
cinegética”, por
lo que la asignación de dichas funciones de policía cinegética
reservadas a funcionarios públicos, a personal externo al Cabildo
Insular y ajeno a la función pública, vulnera la legalidad vigente
en la materia y no garantiza la especialidad, objetividad e
imparcialidad que han de informar el ejercicio de dichas funciones de
policía cinegética encomendadas al Cabildo de La Palma. Además, el
18 de julio de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
dictaminó en la línea que ahora demanda la ACEC, que la
externalización de los servicios de vigilancia es contraria a
derecho cuando la gestión de los recursos cinegéticos están a
cargo de la administración.
Por
todo ello, la ACEC considera que la
vigilancia, seguimiento y erradicación de ciertas prácticas
nocivas, no sólo para el medio ambiente, sino para el buen nombre
del colectivo de cazadores ante la sociedad, requiere de un trabajo y
especialización continua por parte de los funcionarios que han de
velar por el cumplimiento de la normativa aplicable. Por todo lo
expuesto, el Cabildo Insular de la Palma debería convocar, lo antes
posible, las cuatro plazas de agentes ofertadas en el 2007, y que con
ellas se cree una brigada especializada en tareas de policía
cinegética, flora, fauna e investigación del uso ilegal de venenos
en el medio natural.
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